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Percepción de la sostenibilidad corporativa a partir
de prácticas divulgadas por la gobernanza de
estatales
Davi Jônatas Cunha Araújo
Doctor en Ciencias Contables
Universidad Presbiteriana Mackenzie, UPM, Brasil
davijonatasss@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/6065443356879996
https://orcid.org/0000
-
0002
-
7819
-
5691
Renata Paes de Barros Câmara
Doctora en
Ingeniería Mecánica
Universidad Federal de Paraíba, UFPB, Brasil
rpbcamara@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/8224638490191737
https://orcid.org/0000
-
0001
-
6953
-
9811
Sheila Alice Gajadhar Araújo
Magíster en Ciencias Contables
Universidad Federal de Paraíba, UFPB, Brasil.
sheilalicegajadhar@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/6093163779941621
https://orcid.org/0000
-
0001
-
6310
-
2723
Disponibi
ble
:
https://doi.org/10.5965/2764747112222023066
Fecha de
Envío
:
9 de diciembre de 2022
Fecha de Aprobación:
22 de febrero de 2023
Edición:
v. 12, n. 22,
p. 0
68
-
0
94
jun. 2023
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69
Percepción de la sostenibilidad corporativa a partir de prácticas
divulgadas por la
gobernanza de estatales
Resumen
Objetivo:
Investigar la percepción acerca de la sostenibilidad corporativa por medio de
prácticas divulgadas por la gobernanza de estatales federales de control directo de la Unión.
Método (s):
Investigac
ión de naturaleza exploratoria, con enfoque cualitativo y análisis de
informes corporativos. El análisis de contenido se realizó mediante el estudio de
compliance
entre los informes de gestión de las empresas estatales a los
framework
, de la
Global Reporti
ng
Initiative
, a través de la atención de las directrices económicas, ambientales y sociales
recomendadas por el organismo normativo.
Resultados:
La sostenibilidad corporativa se
percibe como la aplicación de normas y prácticas de reducción de costos por p
arte de la
gobernanza. La gobernanza de las empresas públicas y de las sociedades de economía mixta
no presentaron una percepción adecuada acerca de la sostenibilidad corporativa como prácticas
voluntarias, ya que solo cumplían los requisitos derivados de
posibles inspecciones. Para la
gobernanza de las empresas estatales, presentar que las directrices del pilar económico,
ambiental y social estaban siendo cumplidas fue una forma de presentarse como más eficientes.
Las directrices ambientales fueron las men
os cumplidas, a pesar de que muchas de las empresas
estatales desempeñaron un uso racional del agua, un consumo eficiente de la energía, la gestión
de residuos y la colecta selectiva solidaria.
Contribuciones:
Las gobernaciones de las
empresas estatales ta
mpoco se presentaron socialmente responsables, a pesar de que sus índices
sociales presentaron mejores desempeños que los ambientales. Las empresas estatales
resumieron el pilar social ofreciendo capacitaciones para sus funcionarios, y divulgaron el
cumpli
miento de las directrices recomendadas en los pilares económico, ambiental y social
como respuestas a isomorfismo y como herramienta de legitimidad.
Palabras clave:
Sostenibilidad Corporativa. Gobernanza.
Estatales.
Percepção da
sustentabilidade corporativa a partir de práticas divulgadas pela
governança de estatais
Resumo
Objetivo:
Investigar a percepção acerca da sustentabilidade corporativa
por meio
de
práticas divulgadas pela governança de estatais federais de controle diret
o da União.
Método
(s)
:
Pesquisa de natureza exploratória, com abordagem qualitativa e análise de
relatórios corporativos. A análise de conteúdo ocorreu por meio do levantamento do
compliance
entre os relatórios de gestão das estatais ao
framework
da
Global
Reporting
Initiative
, via atendimento das diretrizes econômicas, ambientais e sociais recomendadas pelo
órgão normativo.
Resultados:
Sustentabilidade corporativa é percebida como execução de
normas e práticas de redução de custos pela governança. A govern
ança das empresas públicas
e das sociedades de economia mista não apresentaram percepção adequada acerca da
sustentabilidade corporativa como práticas voluntárias, pois apenas atenderam às exigências
decorrentes de eventuais fiscalizações. Para a governanç
a das estatais, apresentar que as
diretrizes do pilar econômico, ambiental e social estavam sendo cumpridas foi uma forma de
se apresentarem mais eficientes. As diretrizes ambientais foram as menos cumpridas, apesar
de muitas das estatais desempenharem o u
so racional da água, consumo eficiente da energia,
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70
gerenciamento de resíduos e a coleta seletiva solidária.
Contribuições:
As governanças das
estatais também não se apresentaram socialmente responsáveis, apesar de seus índices sociais
apresentarem melhores
desempenhos do que os ambientais. As estatais resumiram o pilar social
ao oferecimento de treinamentos para seus funcionários
,
e
divulgaram o atendimento de
diretrizes recomendadas nos pilares econômico, ambiental e social como respostas a
isomorfismo e c
omo ferramenta de legitimidade.
Palavras
-
chave
:
Sustentabilidade Corporativa. Governança.
Estatais.
Perception of corporate sustainability based on practices disclosed by the governance of
state
-
owned companies
Abstract
Objective:
To investigate the perception of corporate sustainability based on practices
disclosed by the governance of federal state
-
owned companies directly controlled by the
Federal Government.
Methods:
This is an exploratory research, with a qualitative approach
a
nd analysis of corporate reports. The content analysis was carried out by surveying the
compliance between the management reports of the state
-
owned companies and the
Global
Reporting Initiative
framework, by compliance with the economic, environmental, an
d social
guidelines recommended by the regulatory body.
Results:
Corporate sustainability is perceived
as the enforcement of cost reduction standards and practices by the governance. The
governance of public companies and mixed
-
capital companies did not pr
esent an adequate
perception of corporate sustainability as voluntary practices, as they only complied with the
requirements resulting from possible inspections. For the governance of state
-
owned
companies, presenting that the guidelines of the economic, e
nvironmental, and social pillars
have been complied with was a way of presenting themselves as more efficient. Environmental
guidelines were the least complied with, despite the fact that many of the state
-
owned
companies carried out the rational use of wa
ter, efficient energy consumption, waste
management, and solidary selective waste collection.
Contributions:
The governances of
state
-
owned companies were not socially responsible as well, despite the fact that their social
indices had better
performance than their environmental ones. State
-
owned companies
summarized the social pillar as for providing training for their employees, and disclosed the
compliance with recommended guidelines in the economic, environmental, and social pillars
as resp
onses to isomorphism and as a tool of legitimacy.
Keywords:
Corporate Sustainability. Governance. State
-
owned companies.
Introducción
El
framework
de la
Global Reporting Initiative
(GRI) se convirtió en el estándar más
aceptado por las entidades pública
s por instrumentalizar la sostenibilidad corporativa (2016).
La sostenibilidad corporativa comenzó a interpretarse como una medida de ventaja
competitiva, con un enfoque en la creación de valor sostenible para las entidades (Folan et al.,
2005; Elmaci et a
l., 2016). Bajo la influencia del GRI, el valor sostenible comenzó a medirse
por el desempeño de las prácticas ejecutadas por la gobernanza en las dimensiones económica,
ambiental y social; y se convirtió en una medida mayor de valor agregado por contener
una
mayor gama de informaciones gerenciales de esas compañías.
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71
Diferentes contextos institucionales pueden revelar la forma en que los agentes de la
gobernanza divulgan las prácticas de la sostenibilidad corporativa y cómo influyen en el
desempeño alcanzad
o por las entidades públicas (Kim et al., 2013; Ortas et al., 2015). El
desempeño sostenible por medio de prácticas divulgadas por la gobernanza no ignora los
factores del ambiente económico, regulatorio, de mercado y de la sociedad en general,
independien
temente de estos, el contexto de las prácticas de sostenibilidad representa pieza
clave para evidenciar cómo el desempeño sostenible puede ser alcanzado por las entidades
públicas (Miroshnychenko et al., 2018).
Las características de los consejos y comités
de gobernanza han influido en la forma en
que los agentes de la gobernanza divulgan las prácticas de la sostenibilidad corporativa (Liao
et al., 2015). Gran parte de los agentes divulgan esas prácticas con el interés de permanecer
ocupando sus cargos de g
obernanza durante más tiempo, en detrimento de agregar valor
sostenible a las operaciones de las empresas estatales (Cai et al., 2011; Oh et al., 2011; Dam et
al., 2013;
W
ang et al., 2014; Teixeira et al., 2017; Hussain et al., 2018).
Al proponer investigar la percepción de la sostenibilidad corporativa por medio de
informes divulgados por la gobernanza de estatales, esta investigación va más allá de la
constatación, por ejemplo, de qué relaciones existen entre las características de la
gobernanza
y los factores que motivan la divulgación. Para viabilizar esta investigación, ese estudio buscó
responder la siguiente pregunta:
¿Cuál es la percepción de la sostenibilidad corporativa al
investigar las prácticas divulgadas por la gobernanza d
e estatales federales bajo control
directo de la Unión?
La motivación para este estudio fue analizar cómo la sostenibilidad corporativa puede
ser percibida por los usuarios al tratarse de prácticas económicas, ambientales y sociales
divulgadas por la gober
nanza de estatales federales bajo control directo de la Unión, además
de factores externos o características de los comités de gobernanza. Las empresas públicas y
sociedades de economía mixta fueron elegidas por situarse en un ambiente regulado con
estruct
ura normativa rígida, pero con un ambiente corporativo más dinámico en relación con
las demás empresas (Santana, 2006). Ambos tipos representan la forma más directa de
intervención del Estado, debido a que controlan la mayor parte de los sectores de produc
ción
de bienes intermedios para la sociedad.
Los productos y servicios de las empresas estatales están directamente relacionados con
la atención a las demandas del gobierno y de la sociedad, lo que las obliga a presentar un
desempeño corporativo sostenible
que se asegure y se mantenga a lo largo de los años. Y esta
es la laguna que el estudio propuesto busca aclarar: si la continuidad de las empresas estatales,
tanto públicas, como sociedades de economía mixta, asegura la satisfacción de las demandas
de la
sociedad a largo plazo; y si esa continuidad puede estar vinculada a cómo la sostenibilidad
corporativa de esas empresas es percibida por sus agentes de la gobernanza. Además, la
importancia de este estudio está en expandir el conocimiento sobre la percepc
ión de la
sostenibilidad corporativa tanto por el ambiente interno como externo a las empresas estatales,
bajo el enfoque de las prácticas divulgadas a través de los pilares económico, ambiental y social
en empresas públicas y sociedades de economía mixta.
Marco Teórico
Gobernanza, sostenibilidad corporativa y divulgación de información
Enfoque normativo y gerencial.
La Comisión Europea de Medioambiente (CEMA)
fue uno de los primeros organismos en establecer normas y políticas orientadas a estructurar el
proceso de evaluación de la sostenibilidad corporativa en las empresas públicas (Comisión
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72
Europea de Medioambiente,
2020). Las normas de la CEMA se distribuyen entre las siguientes
áreas de actuación de estas empresas: capital natural, economía verde, salud, derechos de los
países miembros, desafíos globales y conocimiento (Comisión Europea de Medioambiente,
2020).
Las
políticas ambientales de protección de la vida silvestre, el suelo, los mares y los
bosques representan el capital natural. La innovación, la eficiencia de los recursos, la
prevención y la gestión de residuos forman parte del área denominada economía verd
e. Las
acciones para la prevención de la contaminación acústica y del aire, el mantenimiento de agua
limpia y la seguridad en el uso de productos químicos representan el área de salud; y las
acciones dirigidas a la aplicación de la legislación ambiental re
presentan el área del derecho.
Los desafíos globales incluyen las acciones derivadas del cambio climático y la
estructura del trabajo en el ambiente interno de las empresas públicas, y el área del
conocimiento concentra el desarrollo de métodos científicos
para perfeccionar políticas
ambientales. La
International Organization for Standardization
(ISO)
,
u Organización
Internacional de Estandarización, fue otra organización que también contribuyó a estructurar
los procesos de medición del desempeño sostenible
corporativo (International Organization for
Standardization, 2020) en las empresas públicas.
La ISO fue creada en 1946 y actuó inicialmente con el desarrollo de normas orientadas
a la mejora del proceso productivo en industrias. La organización estableció
estándares que
podrían adaptarse para medir la sostenibilidad solo en 1971. Ese mismo año, la organización
se centró en cuestiones ambientales con la creación de dos comités técnicos para la certificación
de la calidad del agua y el aire y lanzó la norma
14001 en 1996 como el primer estándar de
gestión ambiental.
Las directrices de identificación y control del impacto ambiental de la ISO 14001
lanzaron las primeras intuiciones para que se crearan sistemas de evaluación de la
sostenibilidad corporativa (Int
ernational Organization for Standardization, 2020) en las
empresas públicas. En 2010, la ISO lanzó la norma 26000 con directrices de responsabilidad
social para subsidiar los procesos de evaluación de la sostenibilidad en esas entidades y
recomendaciones d
e prácticas organizacionales para una buena gobernanza (Asociación
Brasileña de Normas Técnicas, 2010).
La ISO 26000 ensayó la evaluación de la sostenibilidad corporativa con recomendación
de procedimientos para integrar la responsabilidad social a otras o
rganizaciones, evaluar la
mejora de su desempeño y recomendar iniciativas voluntarias (Asociación Brasileña de
Normas Técnicas, 2010). El enfoque de ISO 26000 hizo hincapié en la sostenibilidad como
uno de los temas alternativos de la responsabilidad socia
l, lo que llevó a buena parte de la
bibliografía a tratarla como su base conceptual (Carrol, 1999).
En 2011, la ISO reforzó la evaluación de las acciones desempeñadas en el pilar
ambiental por medio de la norma 50001, que estableció procedimientos para ges
tionar la
eficiencia energética, reducción de costos y mejora del desempeño energético en la producción.
En 2018, la ISO reforzó la evaluación del desempeño en el pilar social al emitir normas para
estructurar los sistemas de gestión de seguridad y salud o
cupacional, con el objetivo de reducir
enfermedades y lesiones en el ambiente de trabajo (International Organization for
Standardization, 2020).
Los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (
United Nations
Principles for Responsible Inves
tment
, UNPRI) fue una de las primeras propuestas de
framework
de la Organización de las Naciones Unidas para normalizar el desempeño sostenible
corporativo (
United
Nations Principles
, 2020). El
framework
inicialmente fue destinado a la
evaluación de inversiones sostenibles, pero su principal contribución fue presentar directrices
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73
para medir el desempeño ambiental, social y de gobernanza a través de indicadores no
financieros (2020).
Para las empresas públ
icas, la primera iniciativa para formalizar el uso de indicadores
de la sostenibilidad corporativa ocurrió por parte de la Directiva 2003/51 de Modernización de
las Cuentas emitidas por la Unión Europea (Bassen et al., 2008;
The EU
, 2020). La directiva
est
ablece que la evaluación de la sostenibilidad debe abarcar aspectos no financieros a través
de indicadores ambientales y sociales para comprender mejor el desempeño sostenible de estas
empresas (
The EU
, 2003).
Después de emitir la Directiva 2003/51, el
g
ob
ierno del Reino Unido publicó directrices
para la elaboración de indicadores clave como apoyo para la evaluación del desempeño
ambiental y social (Bassen et al., 2008) en las empresas públicas. El Comité Extraordinario de
Finanzas de la Sociedad Alemana de
Profesionales de la Inversión (
German Society of
Investment Professionals
, DVFA) aplicó la Directiva como recomendaciones para elaborar los
informes de evidencia del desempeño ambiental y social.
Los estándares DVFA propusieron una especie de “sello soste
nible” a las empresas
públicas que cumplieran con los criterios de evaluación del desempeño ambiental y social, y
elaboraron sus informes de acuerdo con esos criterios (German Society of Investment
Professionals, 2020). El enfoque gerencial del desempeño s
ostenible corporativo partió de la
información divulgada por la contabilidad financiera para ayudar a los tomadores de decisiones
en el uso de mecanismos para medirlo y evaluarlo (Hammad et al., 2012).
La CEMA, la ISO, la Unión Europea y DVFA fueron respon
sables de instrumentalizar
la sostenibilidad corporativa por vías normativas y con base en la contabilidad financiera,
extendiéndose a las empresas públicas. Cada una de las normas deliberadas por estos órganos
añadió aspectos que sirvieron para que la sos
tenibilidad tuviera su funcionamiento evaluado
por la gobernanza de las empresas públicas o sociedades de economía mixta; y más adelante,
por los órganos de fiscalización y control externo con base en los parámetros de la contabilidad
financiera.
A pesar d
e los esfuerzos de estos órganos en instrumentalizar la sostenibilidad
corporativa, solo adelante es que ese enfoque pasó a utilizar la contabilidad de gestión como
base conceptual y principal fuente de información en su proceso de medición y evaluación (D
e
Beer et al., 2006; Pfitscher, 2004).
Algunos autores han defendido que la adaptación de los artefactos gerenciales para
evaluar la sostenibilidad corporativa ha caracterizado una evaluación mejorada del desempeño
organizativo (Hřebíček et al., 2011). La
elaboración e inserción de métricas que reflejaran el
desempeño económico, ambiental y social como proceso de evaluación de la sostenibilidad
corporativa modificó la visión de los sistemas de evaluación del desempeño organizativo
(Kaplan et al., 1997).
La
gobernanza y las gerencias de las entidades públicas pasaron a utilizar el sistema de
evaluación del desempeño para coordinar la alineación entre indicadores de sostenibilidad, las
funciones organizacionales y los niveles jerárquicos (Melnyk et al., 2004);
lo que ocasionó un
enfoque de la sostenibilidad que puede medirse a través del desempeño económico, social y
ambiental a través de la cuantificación de la información por indicadores de desempeño
(Hřebíček et al., 2011). Este enfoque es el que instrumenta
liza la sostenibilidad corporativa
actualmente; y se encuentra en constante adaptación debido a las diferentes actividades
internalizadas por las empresas, y especialmente, las públicas.
Estándares de Informes Globales
–
Global Reporting Initiative
(GRI).
La GRI inició
sus actividades en 1997 como pionera en establecer directrices basadas en la teoría de los tres
pilares para medir la sostenibilidad corporativa y evidenciarlas en informes de sostenibilidad
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74
(Global Reporting Initiative, 2020). La orga
nización formada por empresas, asociaciones
civiles y otras entidades fue fruto de una iniciativa conjunta entre la Coalición para Economías
Ambientalmente Responsables y el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente
(PNUMA) (Campos et al., 2013
).
Las normas GRI se han convertido en las más aceptadas en el mundo (Global Reporting
Initiative, 2020), por definir la sostenibilidad corporativa como la evaluación integrada del
desempeño económico, social y ambiental adaptable a cualquier
organización. Los procesos de
medición y evaluación del desempeño en las empresas públicas fueron modificados al
incorporar las directrices de GRI fundamentadas en el nuevo concepto de sostenibilidad
(Hřebíček et al., 2011).
En el caso de las empresas esta
tales, GRI (2020) emitió estándares que redujeron la
distancia entre el desempeño financiero y no financiero y permitió la comparación de la
sostenibilidad corporativa entre sus diversos sectores de actuación. Los estándares de la GRI
presentaron una estru
ctura modular e interrelacionado con normas de orientación al reporte de
informaciones en informes, y la evaluación del desempeño por actividades económicas,
ambientales y sociales (Global Reporting Initiative, 2020).
El Estándar Global consolidó directric
es para organizaciones de todos los sectores, con
el objetivo de orientarlas en la evidencia de cómo contribuyen para la sostenibilidad y en la
medición de los impactos económicos, ambientales y sociales en la sociedad. El GRI defendió
el Estándar Global c
omo un gran avance debido a su estructura flexible con directrices más
claras y un lenguaje más sencillo. Estas directrices provienen de los principales conceptos y
normas clave de GRI G4 mejorados.
El Estándar Global se dividió entre estándares universale
s y específicos. Los específicos
englobaron tres estándares que establecieron directrices como mejores prácticas económicas,
ambientales y sociales, en especial para las empresas estatales (Global Reporting Initiative,
2016). El GRI también puso a disposic
ión un conjunto consolidado de sus normas, un glosario
para ayudar en su interpretación y tres estándares de transición: agua, efluentes y residuos,
salud y seguridad laboral, como base para las que entrarían en vigor en 2020 y 2021.
Los estándares univers
ales GRI 101, 102 y 103 introdujeron directrices aplicables a los
informes de gestión de las empresas estatales. Estas normas se publicaron en 2016 y entraron
en vigor el primero de julio de 2018 (Global Reporting Initiative, 2020). El GRI 101 dispuso
de d
irectrices generales como punto de partida para las empresas estatales que fueron
incentivadas a adoptar el modelo de reporte integrado basado en el estándar global (Global
Reporting Initiative, 2016), mediante la aprobación de la Ley n.º 13.303 en 2016, c
omúnmente
conocida como “Ley de las Estatales”.
Con la aprobación de esa ley, las empresas estatales brasileñas fueron incentivadas a
adoptar el modelo de Reporte Integrado del Estándar Global del GRI (2016) para elaborar sus
informes de gestión, integrand
o informaciones de su gobernanza y de la sostenibilidad. La
publicación de los informes de gestión en el modelo de reporte integrado se hizo obligatoria
con la Decisión Normativa n.º 178/2019 del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que
mantuvo las direc
trices de todos los
frameworks
del Estándar Global de GRI (2016) para
estructurarlos y difundirlos.
El Estándar Global de GRI se ha utilizado como principal
framework
de la gobernanza
de empresas públicas para instrumentalizar la sostenibilidad corporativa
. Las acciones
ejecutadas por los diferentes niveles jerárquicos en la mayor parte de esas empresas pasaron a
ser ejecutadas vía desempeño económico, ambiental y social, de conformidad con los
estándares del GRI 200, 300 y 400, que establecen directrices e
indicadores que definen cada
uno de esos desempeños respectivamente.
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75
La gobernanza de las empresas estatales pasó a evaluar la sostenibilidad corporativa en
las empresas estatales con base en indicadores económicos, ambientales y sociales de los
estándare
s 200, 300 y 400; evidenciado de manera integrada con las prácticas ejecutadas por
la gobernanza y con enfoque en la creación de valor. Los estándares del grupo GRI 200
dispusieron directrices para evaluar el desempeño de las actividades económicas, a trav
és de
una serie de otros estándares y la implementación de sus indicadores de desempeño; así como
los estándares del grupo GRI 300 dispusieron directrices para medir el desempeño de las
actividades ambientales, y los estándares del GRI 400 para medir el de
sempeño de las
actividades sociales.
Los estándares que componen el grupo GRI 200 son: desempeño económico (GRI 201),
presencia en el mercado (GRI 202), impactos económicos indirectos (GRI 203), prácticas de
adquisición (GRI 204), prácticas anticorrupción
(GRI 205), comportamiento anticompetitivo
(GRI 206) e impuestos (GRI 207). Estos estándares abarcan desde el valor económico generado
y distribuido por la empresa pública, las obligaciones relacionadas con sus planes de beneficios
y ayuda recibida por el g
obierno, hasta prácticas de elaboración de los informes fiscales con el
objetivo de aumentar la transparencia y promover confianza y credibilidad de sus prácticas; y
de su sistema tributario.
Los estándares que componen el grupo del GRI 300 son: materiales
(GRI 301), energía
(GRI 302), agua y efluentes (GRI 303), biodiversidad (GRI 304), emisiones (GRI 305),
residuos (GRI 306), cumplimiento ambiental (GRI 307) y evaluación ambiental de los
proveedores (GRI 308). Estos estándares abarcan desde la medición de
l impacto ambiental y
las prácticas del uso de materiales renovables, no renovables y la conservación de esos recursos
por las empresas públicas; hasta su enfoque para evitar y reducir impactos ambientales
negativos en su cadena de suministro y en las prác
ticas de evaluación de sus proveedores por
criterios relacionados con el agua, las emisiones de gases o la energía.
Los estándares que componen el grupo GRI 400 son: empleo (GRI 401), relaciones
trabajo
-
empresa (GRI 402), salud y seguridad ocupacional (GRI
403), capacitación y
educación (GRI 404), diversidad e igualdad de oportunidades (GRI 405), no discriminación
(GRI 406), libertad de asociación y negociación colectiva (GRI 407), trabajo infantil (GRI
408), trabajo forzoso u obligatorio (GRI 409), práctic
as de seguridad (GRI 410), derechos de
los pueblos indígenas (GRI 411), evaluación de los derechos humanos (GRI 412), comunidades
locales (GRI 413), evaluación social de proveedores (GRI 414), política pública (GRI 415),
salud y seguridad de los clientes (
GRI 416),
marketing
y etiquetado (GRI 417), privacidad del
cliente (GRI 4
1
8) y cumplimiento socioeconómico (GRI 419). Los estándares del grupo 400
abarcan desde las condiciones de trabajo ofrecidas por la empresa pública, el empleo y la
creación de
empleo a través de la contratación, el reclutamiento y la retención, hasta el
cumplimiento de declaraciones, convenciones, tratados internacionales, reglamentos
nacionales, regionales y locales en los campos social y económico por parte de la empresa.
Del
alcance conceptual de esas directrices fueron definidos indicadores específicos para
que la ejecución de cada una de ellas, que caracteriza la sostenibilidad corporativa, sea medida
independientemente de la estructura, tamaño o tipo de actividad desempeñad
a por las empresas
públicas y demás empresas.
Estudios Previos
Otros estudios fueron previamente desarrollados, teniendo en cuenta aspectos del
ambiente interno y externo de las empresas públicas, para medir el desempeño sostenible de
las organizaciones,
como características de los agentes que componen la gobernanza; o sus
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76
respectivas actuaciones en cargos directivos, además de otros aspectos, conforme presenta la
Tabla 1 a continuación.
Tabla 1
Estudios previos con sus principales resultados.
Estudios
Principales resultados
Björkman et al. (2008)
La forma en que los agentes de gobernanza ejecutan sus prácticas y se logra el
desempeño sostenible corporativo, que sirve como medida para evaluar cómo
el contexto institucional de las
prácticas de gobernanza ha influido en el
desempeño.
Cai et al. (2011)
La ejecución de las prácticas de gobernanza por parte de los agentes reveló un
contexto institucional favorable para lograr un mejor desempeño sostenible.
Dam
et al. (2013)
La participación del Estado, los bancos y los inversores institucionales en la
estructura de capital de entidades públicas, insertadas las empresas estatales,
influyó en la manera como la gobernanza actuó y el desempeño sostenible fue
alcanz
ado.
Liao et al. (2015)
Las compañías con un mayor porcentaje de mujeres en el consejo, con
miembros independientes o con una mayor cantidad de inversores presentaron
un mejor desempeñó sostenible corporativo.
Dixon
-
Fowler et al. (2017)
Diferentes unidades de gobernanza influyeron en el desempeño sostenible de
estas entidades de diferentes maneras; y especialmente, cuando su gobernanza
disponía de puestos de dirección ambiental.
Teixeira et al. (2017)
El contexto institucional no favorab
le puede revelar que los agentes de la
gobernanza pueden estar ejecutando prácticas para legitimarse en sus puestos
en lugar de agregar valor sostenible a sus operaciones.
Miroshnychenko et al. (2018)
Las características institucionales de la gobernanza c
omo el tamaño del
consejo, la relación con el mercado y la estructura de la propiedad también
estuvieron relacionadas con el desempeño sostenible de las compañías.
Fuente:
Elaborado por el autor (2023).
El estudio propuesto avanza en relación con los
presentados en la Tabla 2, en la medida
en que investigará cómo la sostenibilidad corporativa, como un concepto más específico que
el desempeño sostenible; está siendo percibida por los agentes de la gobernanza de las empresas
estatales y sociedades de eco
nomía mixta, ya que la mayor parte de esos estudios se han
concentrado en empresas de otros sectores y ramas; además de investigar prácticas
desempeñadas por la gobernanza sin haber evaluado la percepción de sus agentes acerca de lo
que la sostenibilidad c
orporativa representa para ellos de manera previa, y de cómo esa
percepción puede influenciar el desempeño de las compañías.
Metodología
La investigación fue realizada con el análisis del contenido de los informes de gestión
publicados por las empresas e
statales federales de control directo de la Unión en sus
sitios web
institucionales entre 2017 y 2019. El estudio de las prácticas ejecutadas por la gobernanza fue
efectuado por la atención al
framework
Estándar Global de GRI (2016).
Se seleccionaron como
universo de investigación las 197 empresas estatales federales
brasileñas presentadas en el panorama de las empresas estatales en 2020 (Secretaría de
Coordinación y Gobernanza de las Empresas Estatales, 2020). De las 197, se retiraron las
filiales y las qu
e contenían sede en el exterior, debido a estar situadas en otro ambiente legal y
normativo, lo que podría sesgar los resultados del estudio propuesto o imposibilitar el análisis
de los informes de gestión de manera estandarizada.
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77
Fueron retiradas 26 filia
les del Banco d
o
Brasil (BB), dos del Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social (BNDES), cinco de la Caixa
E
con
ô
mica Federal, 69 de
Eletrobrás S.A. y 49 de Petrobrás S.A., permaneciendo las 46 empresas estatales de control
directo de la Unión, entre
las cuales 20 configuraban como sociedades de economía mixta y 26
como empresas públicas. De las 46, 19 no presentaron informes de gestión en sus
sitios web
entre 2017 y 2019, lo que las llevó a ser retiradas, ocasionando 27 empresas estatales
participantes, entre las cuales 16 son empresas públicas y 11 sociedades de economía mixta,
conforme la Tabla 2 como se presenta a continuación.
Tabla 2
Empresas esta
tales participantes en el estudio por naturaleza.
Estatales
Naturaleza
1. Banco da Amazônia S/A
—
Banco da Amazônia
Sociedad de economía mixta
2. Banco do Brasil S/A
–
BB
Sociedad de economía mixta
3. Banco do Nordeste do Brasil S/A
–
BNB
Sociedad de economía mixta
4. Brazilian Development Bank
—
BNDES
Empresa pública
5. Centrais Elétricas Brasileiras S/A
–
Eletrobras
Sociedad de economía mixta
6. Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S/A
–
CEITEC
Empresa pública
7.
Companhia Docas do Espírito Santo
–
CODESA
Sociedad de economía mixta
8. Santos Port Authority
–
CODESP
Sociedad de economía mixta
9. Empresa Brasil de Comunicação
–
EBC
Empresa pública
10. Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás
Natural
–
PPSA
Empresa pública
11. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
–
ECT
Empresa pública
12. Empresa Brasileira de Hemoderivados
–
HEMOBRÁS
Empresa pública
13. Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
–
INFRAERO
Empresa
pública
14. Brazilian Agricultural Research Corporation
–
EMBRAPA
Empresa pública
15. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
–
EBSERH
Empresa pública
16. Energy Research Office
—
EPE
Empresa pública
17. Empresa de Planejamento e Logística S/A
–
EPL
Empresa pública
18. Empresa Gestora de Ativos
–
EMGEA
Empresa pública
19. Financiadora de Estudos e Projetos
–
FINEP
Empresa pública
20. Hospital de Clínicas de Porto Alegre
–
HCPA
Empresa pública
21. Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A
–
CONCE
IÇÃO
Sociedad de economía mixta
22. Indústria de Material Bélico do Brasil
–
IMBEL
Empresa pública
23. Indústrias Nucleares do Brasil S/A
–
INB
Sociedad de economía mixta
24. Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A
–
NUCLEP
Sociedad de economía mixta
25.
Petróleo Brasileiro S/A
–
PETROBRAS
Sociedad de economía mixta
26. Serviço Federal de Processamento de Dados
–
SERPRO
Empresa pública
27. Telecomunicações Brasileiras S/A
–
TELEBRAS
Sociedad de economía mixta
Fuente:
Adaptado del Panorama de las Empresa
s Estatales (2020).
Las 27 empresas estatales participantes se encuentran distribuidas entre las cinco
regiones de Brasil: Norte, Centro
-
Oeste, Nordeste, Sudeste y Sur, localizadas en los estados de
Pará (1), Goiás/Distrito Federal (12), Ceará (1), Rio de Janeiro (8), Espírit
o Santo (1), São
Paulo (1) y Santa Catarina (3). Las 27 empresas estatales estudiadas poseen control accionario
directo de la
U
nión, con 12 de ellas dependientes de recursos del Tesoro Nacional y 15 no
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78
dependientes; y en cuanto a sus sectores de
actuación, 22 actúan en el sector productivo y cinco
en el sector financiero.
Para que los datos fueran recolectados, las secciones de los informes referentes al
detalle de las prácticas ejecutadas por la gobernanza, sus estrategias, la asignación de recur
sos
y del desempeño económico, ambiental y social alcanzados por las empresas estatales fueron
analizados bajo la perspectiva de la cuantificación del contenido. El contenido fue cuantificado
por medio de la lectura previa a los informes, para categorizar
qué prácticas de la sostenibilidad
corporativa fueron ejecutadas por el consejo fiscal y de administración, la junta directiva, el
comité de auditoría y la auditoría interna.
La categorización de la percepción de la sostenibilidad corporativa se dio entre
las
dimensiones económica, ambiental y social
compliance
(si cumplía o no) las directrices de los
estándares 200, 300 y 400 del Estándar Global de GRI (2016), que ocurrió de la siguiente
manera: para cada práctica del
framework
de la GRI (2016) atendida en
el informe de gestión
fue asignado el valor uno (1) y en ausencia de esta, fue asignado cero (0). Todas las prácticas
identificadas con un (1) fueron sumadas para constatar la cantidad de prácticas ejecutadas por
el consejo de administración y fiscal, la
dirección, el comité de auditoría y la auditoría interna
en las empresas estatales en los pilares económico, ambiental y social; por medio de las
directrices recomendadas por los estándares GRI 200, 300 y 400 y atendidas por cada una de
las empresas estata
les participantes del estudio.
Del grupo GRI 200 se utilizaron los siguientes estándares: desempeño económico (GRI
201), presencia en el mercado (GRI 202), impactos económicos indirectos (GRI 203), prácticas
de adquisición (GRI 204), prácticas anticorrupci
ón (GRI 205), comportamiento
anticompetitivo (GRI 206) e impuestos (GRI 207). Estos estándares fueron seleccionados por
abarcar desde el valor económico generado y distribuido por la empresa pública, las
obligaciones relacionadas con sus planes de benefici
os y la ayuda recibida por el gobierno,
hasta las prácticas de elaboración de los informes fiscales con el objetivo de aumentar la
transparencia y promover la confianza y la credibilidad de sus prácticas; y de su sistema
tributario.
Del grupo del GRI 300 s
e utilizaron los siguientes estándares: materiales (GRI 301),
energía (GRI 302), agua y efluentes (GRI 303), biodiversidad (GRI 304), emisiones (GRI 305),
residuos (GRI 306), cumplimiento ambiental (GRI 307) y evaluación ambiental de los
proveedores (GRI 3
08). Estos estándares fueron seleccionados por abarcar desde la medición
del impacto ambiental y las prácticas de utilización de materiales renovables, no renovables y
de conservación de esos recursos por las empresas públicas; hasta su enfoque para evitar
y
reducir impactos ambientales negativos en su cadena de suministro y en las prácticas de
evaluación de sus proveedores por criterios relacionados con el agua, las emisiones de gases o
la energía.
Del grupo del GRI 400 se utilizaron los siguientes estánda
res: empleo (GRI 401),
relaciones trabajo
-
empresa (GRI 402), salud y seguridad ocupacional (GRI 403), formación y
educación (GRI 404), diversidad e igualdad de oportunidades (GRI 405), no discriminación
(GRI 406), libertad de asociación y negociación colec
tiva (GRI 407), trabajo infantil (GRI
408), trabajo forzoso u obligatorio (GRI 409), prácticas de seguridad (GRI 410), derechos de
los pueblos indígenas (GRI 411), evaluación de los derechos humanos (GRI 412), comunidades
locales (GRI 413), evaluación soci
al de proveedores (GRI 414), política pública (GRI 415),
salud y seguridad de los clientes (GRI 416),
marketing
y etiquetado (GRI 417), privacidad del
cliente (GRI 4
1
8) y cumplimiento socioeconómico (GRI 419). Estos estándares se utilizaron
para abarcar de
sde las condiciones de trabajo ofrecidas por la empresa pública, el empleo y la
creación de empleo a través de la contratación, el reclutamiento y la retención, hasta el
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79
cumplimiento de declaraciones, convenciones, tratados internacionales, reglamentos
nac
ionales, regionales y locales en los campos social y económico por parte de la empresa.
Análisis de Resultados
Percepción de la sostenibilidad corporativa a partir de las prácticas divulgadas en los
informes
Prácticas del desempeño económico.
En 2017, 2
6 empresas estatales reportaron el
valor económico retenido y distribuido, resultante de la diferencia entre sus costos operativos
y sus ingresos, a pesar de que las 27 seleccionadas para el estudio presentaron sus montos de
ingresos y de costos operativos
en el año. Solo ocho empresas estatales evaluaron los riesgos
y oportunidades derivados del cambio climático, con sus respectivas acciones de gestión
ejecutadas. De las ocho, solo cinco calcularon el impacto y el costo de esas acciones para las
empresas e
statales. Los resultados económicos que se destacaron como los más relevantes para
definir la percepción de la sostenibilidad corporativa se presentan en la Tabla 3 a continuación.
Tabla 3
Principales prácticas económicas desempeñadas por las
empresas estatales en el trienio
(2017
-
2019).
2017
22 empresas estatales afirmaron poseer una estrategia tributaria implementada, con 17 revisando esa
estrategia; y 13, relacionando esa estrategia con el enfoque del desarrollo sostenible.
2018
26
empresas estatales siguieron informando sobre el valor económico retenido o, como resultado de
la diferencia entre el monto de sus ingresos y sus costos operativos, a pesar de que todas las empresas
estatales continuaron divulgando sus ingresos y costos co
mo en 2017.
2019
26 empresas estatales permanecieron con inversiones en infraestructura y servicios de soporte, pero
una dejó de calcular los impactos de esos tipos de inversiones y dos dejaron de evidenciarlos. 21
siguieron calculando y evidenciando los impactos económico
s indirectos de las inversiones
realizadas en
benchmarks
.
Fuente:
Datos de la investigación (2020).
La Tabla 3 evidenció cierta discrepancia entre la estrategia de sostenibilidad y su
ejecución, especialmente en lo que se refiere a las inversiones. Esa d
iscrepancia apunta que la
gobernanza comprende la importancia de adoptar la estrategia en las empresas estatales, pero
con indicios de una implementación ceremonial, debido a que su ejecución no ocurre de manera
alineada en todas las empresas y con la mism
a intensidad.
Trece empresas estatales participaron en planes de jubilación, y siete de ellas tenían
planes de pensiones para sus empleados. Entre las siete, solamente cuatro presentaron los
pasivos estimados para cobertura de sus planes, con las respectiv
as bases de las estimaciones.
La gobernanza de 19 empresas estatales presentó
la participación del gobierno en sus
estructuras accionarias. Seis de ellas afirmaron haber recibido beneficios y créditos fiscales; y
cinco afirmaron haber recibido subsidios, i
ncentivos y otros beneficios.
Ocho empresas estatales informaron remunerar a sus colaboradores por encima del
salario mínimo y solo cuatro calcularon la proporción entre el salario más bajo pagado y el
salario mínimo, con dos de ellas habiendo contratado a
gentes de la alta administración de la
comunidad local. Todas las empresas estatales ejecutaron inversiones en infraestructura y
servicios de soporte, y 23 de ellas calcularon los impactos de esas inversiones. Entre las 23, 20
calcularon los impactos econó
micos indirectos sobre inversiones efectuadas en
benchmarks
.
Dieciocho empresas estatales identificaron riesgos relacionados con la corrupción, 17
ofrecieron capacitación en prácticas anticorrupción a los agentes de gobernanza; y 16
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80
ofrecieron esta capacit
ación a los empleados restantes. Ninguna de las empresas estatales
presentó casos de corrupción confirmados en 2017. Además, solo una empresa estatal estuvo
involucrada en un proceso judicial por comportamiento anticompetitivo, antimonopolio o por
práctica
s de monopolio.
También en 2017, 22 empresas estatales con una estrategia tributaria implementada,
solamente 19 dispusieron de una estructura de gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos;
y 22 empresas estatales informaron haber asegurado la divulgac
ión de sus informaciones
fiscales. Otras 22 empresas estatales afirmaron participar en políticas públicas que favorecieron
la participación de las partes interesadas y la gestión de asuntos fiscales, y 20 de ellas
publicaron sus estados financieros consoli
dados y auditados en informes fiscales.
En 2018, dos empresas estatales dejaron de calcular los riesgos y oportunidades
derivados del cambio climático y una dejó de presentar sus acciones de gestión para esos
cambios. Cinco empresas estatales
permanecieron calculando y evidenciando el costo de esas
acciones. Una empresa estatal pasó a disponer de planes de jubilación y tres pasaron a disponer
de planes de pensión. Cuatro empresas estatales pasaron a evidenciar los pasivos estimados
para cobertu
ra de esos planes, y tres presentando la base de esas estimaciones.
Seis empresas estatales pasaron a presentar el tiempo definido para cobertura total de
los planes de jubilación y pensión; y cinco pasaron a calcular el período en que esos
beneficios
pasarían a ser pagados a los empleados. Dos empresas estatales dejaron de recibir beneficios y
créditos fiscales del gobierno en 2018. Por otro lado, dos pasaron a recibir incentivos y otros
tipos de beneficios; y cinco pasaron a evidenciar la p
articipación del gobierno en sus estructuras
accionarias.
Dos empresas estatales pasaron a calcular y evidenciar la proporción entre el salario
más bajo pagado y el salario mínimo; y a remunerar a sus empleados por encima del salario
mínimo. Otras dos deja
ron de contratar agentes de la alta administración de la comunidad local.
Una empresa estatal dejó de efectuar inversiones en infraestructura y servicios de soporte, pero
cuatro de las que mantuvieron esas inversiones pasaron a calcular sus impactos, inclu
ida una
que calculó los impactos indirectos de las inversiones en
benchmarks
.
Dos empresas estatales dejaron de disponer de un presupuesto de compras destinado a
cubrir los gastos efectuados con proveedores locales; y una empresa estatal dejó de identifica
r
riesgos relacionados con la corrupción en sus actividades. Cuatro empresas estatales dejaron
de ofrecer capacitaciones sobre prácticas anticorrupción para los agentes de la gobernanza y
dos dejaron de ofrecer para empleados. Nueve empresas estatales sigu
ieron ofreciendo esta
capacitación a socios comerciales, como en 2017.
En 2018, dos empresas estatales confirmaron casos de corrupción, con despidos
realizados como castigo por estos casos. Una empresa estatal cerró/no renovó el contrato
derivado de la con
firmación de esos casos, además de la instauración de procesos jurídicos por
dos empresas estatales. Dos empresas estatales también pasaron a disponer de una estrategia
tributaria, tres pasaron a revisarla y evaluar su cumplimiento; y una de ellas pasó a r
elacionar
su estrategia tributaria al enfoque del desarrollo sostenible.
También en 2018, 19 empresas estatales permanecieron con su estructura de
gobernanza fiscal, controles y gestión de riesgos en funcionamiento, pero una de ellas dejó de
asegurar la di
vulgación de informaciones fiscales, además de los estados financieros en otros
informes. En 2019, una empresa estatal dejó de informar sobre el valor económico retenido,
como resultado de la diferencia entre la cantidad de sus ingresos y sus costos operat
ivos. Una
empresa estatal también dejó de divulgar sus ingresos y costos operativos ese año.
Seis empresas estatales siguieron identificando los riesgos y oportunidades derivados
del cambio climático, una pasó a realizar acciones de gestión de esos cambios
; y cinco
permanecieron calculando los costos de esas acciones. Tres empresas estatales dejaron de
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81
disponer de planes de pensiones; y cuatro dejaron de participar en planes de jubilación. Otras
tres empresas estatales dejaron de evidenciar los pasivos esti
mados para cobertura de esos
planes, y dos dejaron de evidenciar las bases de esas estimaciones.
Dos empresas estatales dejaron de recibir beneficios, créditos fiscales y subsidios. Seis
siguieron recibiendo incentivos, uno recibió ayuda de gobiernos de ot
ros países; y cuatro
dejaron de presentar la participación del gobierno en su estructura accionaria. Tres empresas
estatales dejaron de calcular la proporción entre el salario más bajo pagado por la estatal y el
salario mínimo. Una dejó de remunerar a sus
empleados por encima del salario mínimo y dejó
de contratar agentes para la alta dirección de la comunidad local.
También en 2019, una empresa estatal comenzó a disponer de un presupuesto de
compras destinado a proveedores locales. Tres empresas estatales
comenzaron a identificar los
riesgos de corrupción en las actividades; y cuatro comenzaron a ofrecer capacitación sobre
prácticas anticorrupción para los agentes de gobierno y sus funcionarios. Nueve permanecieron
ofreciendo esta capacitación a socios come
rciales. Dos empresas estatales confirmaron casos
de corrupción en 2019. Una de ellas ejecutó despidos como una forma de castigo para estos
casos. A pesar de que ninguna de las empresas estatales cerró o dejó de renovar contratos, tres
instauraron procesos
judiciales para investigar esos casos.
Una empresa estatal participó en acciones judiciales, con resultados finalizados,
relacionadas con comportamiento anticompetitivo, antimonopolio y por haber ejercido
prácticas de monopolio. Además, 24 empresas estata
les permanecieron con su estrategia
tributaria en funcionamiento. Además de las 24 empresas estatales con estrategia tributaria en
2019, 20 permanecieron revisándola y 25 evaluando su cumplimiento. Uno dejó de relacionar
la estrategia fiscal con el enfoque
del desarrollo sostenible y 19 permanecieron con su
gobernanza fiscal.
Al igual que en 2018, 21 empresas estatales siguieron evaluando el cumplimiento de la
gobernanza fiscal y asegurando la divulgación de información en otros informes fiscales,
además de
los estados financieros. El promedio de las directrices económicas GRI 200 (2016)
atendidas fue de 35 directrices, con 11 atendidas en 2017 y 2019; y 12 en 2018. Estos resultados
revelaron un bajo desempeño económico entre las empresas estatales, como pil
ar del
desempeño sostenible corporativo.
La baja variación entre las cantidades y los tipos de directrices atendidas apuntaron la
percepción normativa de la gobernanza acerca de la sostenibilidad corporativa, al evidenciar la
distancia existente entre sus
prácticas y el desempeño económico alcanzado por algunas
empresas estatales. Estos resultados también confirman las evidencias de una percepción
normativa, debido a la disparidad entre la cantidad de prácticas ejecutadas por sus unidades y
el bajo nivel de
directrices económicas atendidas en carácter voluntario.
La directriz más atendida por las empresas estatales se refería a la evidencia de su monto
de ingresos y costos operacionales. La existencia de leyes que obligan a las empresas estatales
a efectuar
esa divulgación apoya la evidencia del normativismo. Su influencia estableció una
línea divisoria de conducta por parte de los agentes de la gobernanza de las empresas estatales,
en que las directrices económicas con ejecución establecida por leyes fueron
más atendidas que
las directrices que podrían ser ejecutadas de forma voluntaria.
El normativismo de la gobernanza también fue percibido por medio del desempeño
económico y por los aspectos de la no racionalidad identificada en el “pasar a atender” o “deja
r
de atender” determinadas directrices en el trienio. Las directrices económicas más atendidas
trataron del cálculo de la base de la estimación de los planes de pensiones y del período para el
pago de los beneficios a los empleados, con una desviación medi
a de 23 directrices económicas
atendidas entre las empresas estatales.
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82
Las directrices más atendidas y con mayor desviación pueden haber sido utilizadas por
la gobernanza como forma de presentarse económicamente sostenibles, así como se identificó
en el es
tudio de Teixeira et al. (2017); en el que el contexto institucional no favorable reveló
que los agentes de la gobernanza estaban ejecutando prácticas para legitimarse en sus cargos,
en lugar de agregar valor sostenible a las operaciones de las empresas. A
pesar de la baja
atención de las directrices económicas, las gobernanzas de las empresas estatales expresaron
un mayor interés en presentarse más responsables acerca de prácticas anticorrupción,
divulgación de informaciones y con fuerte estructura de gobe
rnanza fiscal.
Prácticas de desempeño ambiental.
En 2017, 14 empresas estatales utilizaron
materiales reciclados como insumos en sus actividades, siete utilizaron materiales renovables;
y solamente una afirmó haber utilizado materiales no renovables. En c
uanto al consumo de
energía de las empresas estatales, 22 identificaron el total de electricidad utilizada en las
actividades, 21 informaron el monto de energía consumida; y 17 informaron el costo total de
ese consumo. Los resultados ambientales que se des
tacaron como los más relevantes para
definir la percepción de la sostenibilidad corporativa se presentan en la Tabla 4 a continuación.
Tabla 4
Principales prácticas ambientales desempeñadas por las empresas estatales en el trienio
(2017
-
2019).
2017
La intensidad del consumo total de energía fue presentada por 15 empresas estatales, diez midieron
la intensidad de ese consumo por medio de un índice de intensidad, 18 redujeron el consumo de
energía y 12 detallaron los tipos de
energía en el cálculo de esa reducción.
2018
Cuatro empresas estatales dejaron de utilizar materiales reciclados como insumos en sus actividades,
dos pasaron a utilizar materiales renovables; y cinco pasaron a utilizar materiales no renovables. 23
identif
icaron el total de electricidad usada en las actividades, dos pasaron a calcular el monto de
energía consumida; y cinco pasaron a informar el costo total de ese consumo.
2019
Una empresa estatal dejó de utilizar materiales reciclados como insumos en sus a
ctividades, nueve
permanecieron utilizando materiales renovables; y una pasó a utilizar materiales no renovables en
sus actividades. Una dejó de identificar el total de electricidad utilizada en las actividades, de
informar la cantidad de energía consumida
y el costo total de ese consumo.
Fuente:
Datos de la investigación (2020).
La Tabla 4 evidenció cierta discrepancia entre la información divulgada acerca del
monitoreo del consumo de energía y qué acciones fueron desempeñadas por la gobernanza de
las em
presas estatales para ahorrarla de hecho; además de la divulgación de prácticas para el
uso de materiales reciclados en informes y las que ejecutaron ese procedimiento. Esa
discrepancia apunta cierta intención de la gobernanza en presentar un menor consumo
de
energía por las empresas y más conciencia ambiental en el uso de materiales reciclados, pero
con indicios de ceremonialismo en la ejecución real de esas prácticas en las empresas, dadas
las variaciones identificadas en la ejecución de esas prácticas en
el trienio.
Estos resultados corroboran el estudio de Miroshnychenko
et al. (2018), que señaló
características institucionales de la gobernanza como el tamaño del consejo, la relación con el
mercado y la estructura de propiedad como variables que influyen en el desempeño sostenible
de las compañías. El estudio propuesto fu
e más allá, ya que amplió estos resultados,
identificando que el desempeño sostenible parte, mucho antes, de la manera como la
gobernanza percibe la ejecución de la sostenibilidad corporativa en las empresas estatales.
En cuanto al uso del agua como un rec
urso compartido, 19 empresas estatales trabajaron
con su extracción, consumo o eliminación, con solamente 15 mapeando los impactos de esas
actividades y 14 definieron objetivos y metas al respecto. Diez empresas estatales dispusieron
image/svg+xml
83
de estándares internos
de calidad para gestionar impactos de la descarga de agua, con solo dos
extrayendo agua de fuentes superficiales y subterráneas; y una de ellas considerando límites
para sustancias existentes en el agua devuelta.
Ninguna de las empresas estatales presentó
accidentes derivados de incumplimiento en
el proceso de la descarga de agua; y 15 empresas estatales calcularon el consumo total del agua
utilizada en sus actividades, con siete presentando el cálculo de ese consumo propiamente
dicho. Solamente tres empre
sas estatales presentaron la ubicación geográfica en que operan,
con alto valor de biodiversidad; y 12 empresas estatales presentaron los procesos ecológicos
de compensación a los impactos causados por sus actividades en la biodiversidad.
Tres empresas estatales detallaron el tamaño y la ubicación de los hábitats protegidos o
restaurados y el
status
de protección de esos hábitats por áreas; y solo dos detallaron las
especies amenazadas y vulnerables afectadas por sus actividades. En cuanto
a la emisión de
gases de efecto invernadero, cinco empresas estatales efectuaron emisiones directas; y
solamente tres de ellas informaron la cantidad emitida. Por otro lado, una empresa estatal
efectuó emisiones indirectas e informó la cantidad emitida.
Do
s empresas estatales midieron la intensidad de las emisiones indirectas de gases de
efecto invernadero por medio de índices, con la métrica definida para su cálculo. Dos empresas
estatales redujeron la emisión atmosférica de los gases, y solo una muestra e
l tipo de gases
reducidos. Solamente una empresa estatal informó emitir ozono (O
3
), dióxido de nitrógeno
(NO
2
) y de azufre (SO
2
) en el desempeño de sus actividades. Además, dos informaron los
cálculos y los estándares de cálculo en las emisiones de esos ga
ses.
En cuanto a los residuos, 23 empresas estatales mapearon los impactos relacionados
con su generación en las actividades, 12 mapearon los impactos en sus cadenas de valor, 21
desempeñaron acciones para optimizar su generación y 14 calcularon el monto g
enerado por
composición. Cinco empresas estatales redirigieron los desechos peligrosos de la eliminación
para su reutilización y reciclaje, en detrimento de 14 empresas estatales que redirigieron los
desechos no peligrosos para su reutilización y 15 para s
u reciclaje.
Cinco empresas estatales dispusieron de otras operaciones de eliminación para residuos
peligrosos y no peligrosos generados en sus actividades, siete afirmaron efectuar la eliminación
externa de esos residuos y solamente cinco detallaron los d
atos referentes a esa eliminación.
Tres empresas estatales pagaron multas por incumplimiento de la legislación ambiental, dos
sufrieron sanciones y una estuvo involucrada en un proceso judicial. Además, ocho empresas
estatales seleccionaron proveedores por
criterios ambientales; y cinco evaluaron el impacto
ambiental de esos proveedores.
En 2018, la intensidad del consumo total de energía pasó a ser calculada por 19
empresas estatales, 15 midieron la intensidad de ese consumo con un índice de intensidad, 24
redujeron el consumo y 19 detallaron los tipos de energía en el cálculo de esa reducción. En
2018 se mejoraron los procesos para gestionar mejor el consumo de energía. Una mayor
cantidad de empresas estatales pasó a medir la intensidad del consumo total d
e energía con
índices, a reducir ese consumo y a presentar el cálculo de esa reducción.
Diez empresas estatales pasaron a reducir el consumo de energía en las solicitudes de
productos o servicios, con siete de ellas presentando la base de cálculo para redu
cción del
consumo, y seis de ellas presentando el cálculo propiamente dicho de esa reducción. En cuanto
al uso del agua como recurso compartido, cuatro empresas estatales comenzaron a trabajar con
su extracción, consumo o eliminación, con 19 mapeando los i
mpactos de estas actividades y
18 habiendo definido objetivos y metas para ellas. Diez empresas estatales permanecieron con
estándares internos de calidad para gestionar los impactos de la descarga de agua, con cuatro
empresas estatales extrayendo agua de
fuentes superficiales y subterráneas; y dos de ellas
considerando límites para sustancias existentes en el agua devuelta.
image/svg+xml
84
Ninguna de las empresas estatales presentó accidentes derivados de incumplimiento en
el proceso de la descarga de agua en 2018; y 22 p
asaron a presentar el consumo total del agua
utilizada, con 14 presentando el cálculo propiamente dicho de ese consumo. Siete empresas
estatales pasaron a presentar la ubicación geográfica donde operan, con alto valor de
biodiversidad; y 15 empresas estata
les presentaron los procesos ecológicos de compensación a
los impactos causados por sus actividades en la biodiversidad.
Cuatro empresas estatales pasaron a detallar el tamaño y la ubicación de hábitats
protegidos o restaurados y el status de protección de
esos hábitats por áreas; una pasó a detallar
las especies amenazadas y otra dejó de detallar las vulnerables afectadas por sus actividades.
En cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, una empresa estatal pasó a efectuar
emisiones directas; y do
s de ellas pasaron a informar la cantidad emitida. Además, tres
empresas estatales pasaron a efectuar emisiones indirectas, con dos informaron la cantidad
emitida.
Una empresa estatal pasó a medir la intensidad de las emisiones indirectas de gases de
efect
o invernadero por medio de índices, con la métrica definida para su cálculo. Tres empresas
estatales pasaron a reducir la emisión de esos gases y a presentar los tipos que tuvieron sus
emisiones reducidas. Una empresa estatal emitió ozono (O
3
), dióxido de
nitrógeno (NO
2
) y de
azufre (SO
2
) en el desempeño de sus actividades. Además, dos pasaron a calcular e informar
los estándares de cálculo en las emisiones de esos gases en 2018.
Tres empresas estatales dejaron de mapear los impactos de la generación de res
iduos en
las actividades, cinco pasaron a mapear los impactos en sus cadenas de valor, dos pasaron a
desempeñar acciones para optimizar su generación y cinco pasaron a calcular el monto
generado por composición. Dos empresas estatales comenzaron a redirigi
r los desechos
peligrosos de la eliminación para su reutilización y una para su reciclaje, con 16 empresas
estatales redirigiendo los desechos no peligrosos para su reutilización y 17 para su reciclaje.
En 2018, cinco empresas estatales permanecieron utili
zando otras operaciones para la
eliminación de residuos peligrosos y no peligrosos, tres pasaron a efectuar la eliminación
externa de esos residuos y dos pasaron a detallar los datos referentes a esa eliminación. Solo
una empresa estatal pagó una multa por
incumplimiento de la legislación ambiental y una
estuvo involucrada en un proceso judicial. Además, seis empresas estatales pasaron a
seleccionar proveedores por criterios ambientales y siete pasaron a evaluar el impacto
ambiental de esos proveedores.
En
2019, 19 empresas estatales continuaron calculando la intensidad del consumo total
de energía. Tres dejaron de medir la intensidad del consumo por el índice de intensidad y ni
redujeron el consumo de energía; y dos dejaron de detallar los tipos de energía
en ese cálculo.
A diferencia de 2018, las empresas estatales dejaron de medir la intensidad del consumo total
de energía por medio de índices, de reducir su consumo, de calcular esa reducción y presentarla
en sus informes en 2019.
Solamente diez empresas e
statales permanecieron reduciendo el consumo de energía en
las solicitudes de productos o servicios, y seis de ellas presentando la base de cálculo para
reducción del consumo y el cálculo propiamente dicho de esa reducción. En cuanto al uso del
agua como u
n recurso compartido, dos empresas estatales dejaron de trabajar con su extracción,
consumo o eliminación, con 17 mapeando los impactos de esas actividades a partir de objetivos
y metas definidas.
Diez empresas estatales permanecieron con estándares intern
os de calidad para
gestionar los impactos de la descarga de agua, con tres empresas estatales extrayendo agua de
fuentes superficiales y subterráneas; y una de ellas considerando límites para sustancias
existentes en el agua devuelta. Ninguna de las empres
as estatales presentó accidentes derivados
de incumplimiento en el proceso de la descarga de agua en 2019; y 20 calcularon el consumo
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85
total del agua utilizada, con solamente 12 presentando el cálculo propiamente dicho de ese
consumo.
Tres empresas estatale
s no presentaron la ubicación geográfica en la que operan, con
alto valor de biodiversidad; y una empresa estatal dejó de presentar los procesos ecológicos de
compensación a los impactos causados por sus actividades en la biodiversidad. Dos empresas
estata
les dejaron de detallar el tamaño y la ubicación de hábitats protegidos o restaurados y el
status
de protección de esos hábitats por áreas; una dejó de detallar las especies amenazadas y
otra permaneció detallando las vulnerables afectadas por las activida
des.
En cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, una empresa estatal dejó de
efectuar emisiones directas; y cinco permanecieron informando la cantidad emitida. Además,
cuatro empresas estatales permanecieron efectuando emisiones indirectas, con
tres informando
la cantidad emitida. Una empresa estatal pasó a medir la intensidad de las emisiones indirectas
de gases de efecto invernadero por medio de índices, con la métrica definida para su cálculo.
Una empresa estatal pasó a reducir la emisión de e
sos gases y a presentar los tipos que tuvieron
sus emisiones reducidas.
Una empresa estatal dejó de emitir ozono (O
3
), una pasó a emitir dióxido de nitrógeno
(NO
2
) y dos permanecieron emitiendo dióxido de azufre (SO
2
). Una empresa estatal comenzó
a calcula
r la cantidad de gases emitidos y dos dejaron de informar los estándares de este cálculo.
Dos empresas estatales pasaron a mapear los impactos de la generación de residuos en las
actividades, tres pasaron a mapear los impactos en sus cadenas de valor, 23 p
ermanecieron con
acciones para optimizar su generación y 19 a calcular el monto generado por composición.
Siete empresas estatales siguieron redirigiendo los desechos peligrosos de la
eliminación para su reutilización y una dejó de redirigirlos para su rec
iclaje. Una empresa
estatal dejó de redirigir los residuos no peligrosos para su reutilización y reciclaje. Una empresa
estatal dejó de utilizar otras operaciones para eliminar residuos peligrosos y no peligrosos en
2019, diez empresas estatales permanecie
ron efectuando la eliminación externa de esos
residuos y siete permanecieron detallando los datos referentes a esa eliminación.
Dos empresas estatales pagaron una multa por incumplimiento de la legislación
ambiental, una fue sancionada y dos estuvieron inv
olucradas en un proceso judicial. Dos
dejaron de seleccionar proveedores por criterios ambientales y de evaluar el impacto ambiental
de esos proveedores. El promedio de las directrices ambientales GRI 300 (2016) atendidas fue
de 17 directrices, con cuatro
atendidas en 2017; y seis en 2018 y 2019. Estos resultados
revelaron un bajo desempeño ambiental entre las empresas estatales, como pilar de la
sostenibilidad corporativa.
La alta variación entre las cantidades y los tipos de directrices atendidas entre lo
s años
evidencian una percepción sesgada de la gobernanza acerca del pilar ambiental, al revelar la
distancia entre las prácticas divulgadas y ejecutadas en las empresas estatales. En comparación
con las prácticas económicas, la ejecución de las prácticas
ambientales fue aún menor, incluso
con un fuerte aumento de las directrices ejecutadas en 2018; seguido de una ligera reducción
en 2019.
Estos resultados corroboran la evidencia de una percepción ceremonial por parte de la
gobernanza, debido a la disparida
d entre la cantidad de prácticas ejecutadas y el bajo nivel de
directrices ambientales atendidas. La directriz más atendida por la gobernanza de las empresas
estatales fue el cálculo y la evidencia del consumo total de energía en su ambiente interno. Las
d
ecisiones normativas del TCU que obligan a las empresas estatales a efectuar ese tipo de
divulgación refuerzan la percepción ceremonialista de la gobernanza junto al normativismo
identificado en las prácticas económicas, en que la gobernanza buscó convence
r de que todas
las directrices exigidas por el control externo estaban siendo cumplidas.
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86
La influencia del normativismo siguió promoviendo una línea divisoria de conducta en
las empresas estatales, en que las directrices ambientales con ejecución estableci
da por
decisiones normativas fueron más atendidas que las directrices que podrían ser ejecutadas en
carácter voluntario. La percepción de la sostenibilidad corporativa por las vías del
normativismo también fue confirmada por medio del desempeño ambiental y
por los aspectos
de la no racionalidad identificada en el “pasar a atender” o “dejar de atender” determinadas
directrices en 2018 y 2019.
Además del cálculo de la energía consumida dentro de las empresas estatales, las
directrices ambientales más
atendidas fueron las acciones de gestión de residuos y del consumo
y eliminación de agua, con una desviación media de 14 directrices atendidas entre las empresas
estatales. Las directrices más atendidas y con mayor desvío pueden ser utilizadas por la
gober
nanza de las empresas estatales como forma de presentarse ambientalmente más
responsables. A pesar de la baja atención de las directrices ambientales, las gobernanzas
expresaron un mayor interés en presentarse más eficientes en el consumo de la energía den
tro
de las empresas estatales; y más responsables en la gestión de los residuos y en la extracción,
consumo y la eliminación del agua, lo que también refuerza el interés de la gobernanza de esas
empresas en reducir costos.
Prácticas del desempeño social.
En 2017, 17 empresas estatales realizaron nuevas
contrataciones, y 16 presentaron sus tasas de rotación entre los funcionarios. 17 tenían planes
de salud, 12 con coberturas por incapacidad, nueve tenían seguro de vida y 20 tenían otros
planes para sus func
ionarios. Solo cuatro empresas estatales presentaron a sus funcionarios con
derecho a licencia parental. 15 se mostraron abiertos a la negociación vía convenios colectivos
y 13 poseían un sistema de salud y seguridad ocupacional implementado. Los resultado
s
sociales que se destacaron como los más relevantes para definir la percepción de la
sostenibilidad corporativa se presentan en la Tabla 5 a continuación.
Tabla 5
Principales prácticas sociales desempeñadas por las empresas estatales en el
trienio (2017
-
2019).
2017
18 empresas estatales identificaron peligros, evaluaron riesgos, investigaron incidentes relacionados
con el trabajo, informaron estos peligros y riesgos en informes y eliminaron situaciones que podrían
causar lesiones y
daños a sus funcionarios.
19 empresas estatales proporcionaron a sus funcionarios acceso a servicios médicos y de salud, en
detrimento de 21 que utilizaron servicios y programas voluntarios para proporcionar esos servicios.
2018
Una empresa estatal dejó d
e efectuar nuevas contrataciones, y cuatro no presentó sus tasas de
rotación entre los funcionarios. Dos dejaron de tener planes de salud y una dejó de mantener
cobertura por incapacidad. Dos empresas estatales pasaron a disponer de seguro de vida, 16
mant
uvieron planes de jubilación, con nueve ofreciendo participación en acciones; y 20
permanecieron manteniendo otros planes de beneficios para sus funcionarios.
2019
17 empresas estatales siguieron identificando peligros, evaluando riesgos e investigando in
cidentes
relacionados con el trabajo; y 16 siguieron informando en informes y eliminando situaciones que
podrían causar lesiones y daños a los funcionarios. Una empresa estatal dejó de proporcionar acceso
a servicios médicos y de salud a sus funcionarios;
y dos dejaron de utilizar servicios y programas
voluntarios para proporcionar esos servicios.
Fuente:
Datos de la investigación (2020).
A pesar de la Tabla 5 haber evidenciado un número alto de acciones ejecutadas por la
gobernanza en cuanto a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y cuidados médicos
con los colaboradores de las empresas estatales;
el análisis del contenido d
e otras partes de los
informes de gestión demuestra
que las acciones sociales en las empresas estatales son
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87
ejecutadas, también, solamente por fuerza de normas o leyes. Este resultado confirma la
percepción de la sostenibilidad por parte de la
gobernanza por las vías del normativismo, así
como también fue percibida en los pilares económico y ambiental.
Estos resultados corroboran el estudio de Dixon
-
Fowler et al. (2017), ya que diferentes
unidades de gobernanza pueden influir en el desempeño sos
tenible de las empresas de
diferentes maneras; y especialmente, cuando su gobernanza ocupa puestos directivos, además
del estudio de Teixeira et al. (2017), dado que el contexto institucional no favorable puede
hacer que los agentes de la gobernanza ejecut
en prácticas para legitimarse en sus cargos, en
lugar de agregar valor sostenible a las operaciones de las empresas estatales.
Veintiuna empresas estatales han llevado a cabo acciones para prevenir y mitigar los
impactos en la salud y seguridad ocupacional
de sus funcionarios en sus relaciones comerciales.
Seis presentaron casos de accidente registrados en el ambiente de trabajo; y diez, problemas de
salud. Dos empresas estatales presentaron casos de fatalidad derivada de problemas de salud
relacionados con
el trabajo y solamente nueve desempeñaron acciones para eliminar peligros
y riesgos relacionados con problemas de salud en el trabajo.
Las capacitaciones anuales para los funcionarios fueron ofrecidas por 21 empresas
estatales, y 19 de ellas ofrecieron es
as capacitaciones por categoría funcional; 25 dispusieron
de programas de mejora de las habilidades de los funcionarios y de ayuda a la transición.
Diecisiete empresas estatales evaluaron el desempeño y la proyección para el desarrollo de
carrera de sus fu
ncionarios; 14 evaluaron el desempeño y el desarrollo de carrera de los agentes
de la gobernanza y de los funcionarios, considerando sus grupos de edad y género.
Veintiuna empresas estatales afirmaron remunerar a su personal por función y ninguna
de ellas
tuvo casos de discriminación registrados en 2017. Solo una empresa estatal realizó
operaciones con proveedores que amenazaban la libertad de asociación colectiva. Dos
empresas estatales realizaron operaciones con proveedores que presentaban un riesgo
signi
ficativo de promover el trabajo infantil, forzado y obligatorio; y dos tomaron medidas de
erradicación y eliminación de ese tipo de trabajo.
Siete empresas estatales ofrecieron entrenamiento al personal de seguridad sobre
políticas y procedimientos de dere
chos humanos, y ninguna estatal presentó casos registrados
de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Ocho empresas estatales ofrecieron
capacitaciones sobre políticas y procedimientos de derechos humanos a funcionarios, además
del personal d
e seguridad; y tres sometieron sus acuerdos y contratos de inversiones a
evaluación de esos derechos.
Doce empresas estatales efectuaron operaciones y dispusieron de programas de
desarrollo con la comunidad local, evaluando sus impactos. Ninguna de ellas i
nformó haber
realizado operaciones con impactos negativos en la comunidad local en 2017. Seis empresas
estatales utilizaron criterios sociales para contratar proveedores, y entre ellas, cinco evaluaron
los impactos sociales de sus proveedores. Ninguna empr
esa estatal ha hecho contribuciones a
partidos o representantes políticos.
Trece empresas estatales evaluaron los impactos de sus productos y servicios en la salud
de sus clientes, con tres de ellas pagando multa o sufriendo penalidades por causar impactos
negativos derivados de incumplimientos. Tres empresas estatales evaluaron el impacto
ambiental y social del etiquetado de sus productos; y ninguna de ellas informó haber pagado
multa o sufrir penalidades derivadas de incumplimientos en el etiquetado o en
las
comunicaciones de su departamento de
marketing
.
Ninguna empresa estatal ha señalado reclamos sustanciales sobre violaciones de
privacidad o pérdida de datos de sus clientes, y 19 empresas estatales han pagado multas
derivadas de violaciones de leyes y
reglamentos en los campos sociales y económicos. Once
empresas estatales detallaron el contexto en el que pagaron multas y diez presentaron
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88
mecanismos para solucionar conflictos en casos de incumplimientos socioeconómicos.
Además del pago de multas, nueve
empresas estatales sufrieron sanciones por estos
incumplimientos.
En 2018, dos empresas estatales comenzaron a presentar a sus funcionarios con derecho
a licencia parental. Una pasó a mostrarse abierta a la negociación vía convenios colectivos y
13 mantuvi
eron sus sistemas de salud y seguridad ocupacional funcionando. Una empresa
estatal dejó de identificar peligros, evaluar riesgos e investigar incidentes relacionados con el
trabajo; y dos dejaron de informar esos peligros y riesgos en informes y eliminar
situaciones
que podrían causar lesiones y daños a sus funcionarios.
Diecinueve empresas estatales siguieron proporcionando acceso a servicios médicos y
de salud a sus funcionarios; y dos dejaron de utilizar servicios y programas voluntarios para
proporcion
ar esos servicios. Una empresa estatal dejó de realizar acciones para prevenir y
mitigar los impactos en la salud y seguridad ocupacional de sus funcionarios en sus relaciones
comerciales. Cinco presentaron casos de accidente registrados en el ambiente de
trabajo; y 11,
problemas de salud.
Una empresa estatal pasó a presentar casos de fatalidad derivados de problemas de salud
relacionados con el trabajo, y solamente nueve permanecieron desempeñando acciones para
eliminar peligros y riesgos relacionados con
problemas de salud en el trabajo. Las
capacitaciones anuales para los funcionarios dejaron de ser ofrecidos por dos empresas
estatales, que pasaron a ofrecer capacitaciones por categorías funcionales; 25 permanecieron
con programas de mejora de las habilid
ades de los funcionarios y de ayuda a la transición.
Diecisiete empresas estatales siguieron evaluando el desempeño y el desarrollo
profesional de sus funcionarios. Cinco pasaron a evaluar el desempeño y el desarrollo de
carrera de sus agentes de la gobern
anza y funcionarios según grupos de edad y género. Una
empresa estatal pasó a remunerar a su personal por función y ninguna de ellas tuvo casos de
discriminación registrados en 2018. Una empresa estatal comenzó a realizar operaciones con
proveedores que am
enazaban la libertad de asociación colectiva.
Una empresa estatal dejó de operar con proveedores que presentaban un riesgo
significativo de promover el trabajo infantil, forzado y obligatorio; y otra empresa estatal dejó
de tomar medidas para erradicar y e
liminar este tipo de trabajo. Dos empresas estatales pasaron
a ofrecer formación al personal de seguridad sobre políticas y procedimientos de derechos
humanos y ninguna empresa estatal presentó casos registrados de violaciones de derechos de
los pueblos in
dígenas en 2018.
Dos empresas estatales pasaron a ofrecer capacitaciones acerca de políticas y
procedimientos de derechos humanos a funcionarios, además del personal de seguridad; y tres
permanecieron sometiendo sus acuerdos y contratos de inversiones a la
evaluación de esos
derechos. Una empresa estatal pasó a efectuar operaciones y dispuso de programas de
desarrollo con la comunidad local, evaluando sus impactos; y una pasó a informar haber
desempeñado operaciones con impactos negativos en la comunidad lo
cal en 2018.
Once empresas estatales pasaron a utilizar criterios sociales para contratar proveedores,
y entre ellas, seis pasaron a evaluar los impactos sociales de sus proveedores. Ninguna empresa
estatal hizo contribuciones a partidos o representantes p
olíticos en 2018. Una empresa estatal
pasó a evaluar los impactos de sus productos y servicios en la salud de sus clientes, con tres de
ellas pagando multa o sufriendo penalidades por causar impactos negativos derivados de
incumplimientos.
Tres empresas es
tatales permanecieron evaluando el impacto ambiental y social del
etiquetado de sus productos; y ninguna de ellas informó haber pagado multa o sufrir
penalidades derivadas de incumplimientos en el etiquetado o en las comunicaciones de su
departamento de
ma
rketing
. Una empresa estatal pasó a señalar una reivindicación sustancial
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89
por filtración o pérdida de datos de sus clientes en 2018; y 19 empresas estatales siguieron
pagando multas derivadas de violaciones de leyes y reglamentos en los campos sociales y
e
conómicos ese año.
Dos empresas estatales pasaron a detallar el contexto en que pagaron multas y pasaron
a presentar mecanismos para solucionar conflictos de incumplimientos socioeconómicos.
Además del pago de multas, dos pasaron a sufrir sanciones por eso
s incumplimientos. En 2019,
cinco empresas estatales dejaron de realizar nuevas contrataciones y diez continuaron
presentando sus tasas de rotación entre los funcionarios. Dos dejaron de tener planes de salud
y de mantener cobertura por incapacidad.
Tres e
mpresas estatales dejaron de disponer de seguro de vida, una dejó de mantener
planes de jubilación y de ofrecer participación en acciones para sus funcionarios, además de
haber dejado de mantener otros planes de beneficios para sus funcionarios. Cinco empr
esas
estatales comenzaron a presentar a sus funcionarios con derecho a licencia parental. Una pasó
a mostrarse abierta a negociación vía convenios colectivos y dos dejaron de mantener sus
sistemas de salud y seguridad ocupacional funcionando.
Una empresa e
statal dejó de realizar acciones para prevenir y mitigar los impactos en
la salud y seguridad ocupacional de sus funcionarios en sus relaciones comerciales. Tres
presentaron casos de accidente registrados en el ambiente de trabajo; y nueve, problemas de
sa
lud. Una empresa estatal dejó de presentar casos de fatalidad derivados de problemas de salud
relacionados con el trabajo, y solo nueve permanecieron desempeñando acciones para eliminar
peligros y riesgos relacionados con problemas de salud en el trabajo e
n 2019.
Las capacitaciones anuales para los funcionarios dejaron de ser ofrecidos por dos
empresas estatales, 21 permanecieron ofreciendo entrenamientos por categorías funcionales y
dos dejaron de mantener programas de ayuda a la transición y de mejora de
las habilidades de
los funcionarios. Diecisiete empresas estatales siguieron evaluando el desempeño y el
desarrollo profesional de sus funcionarios, y tres pasaron a evaluar el desempeño y el desarrollo
profesional de sus agentes de la gobernanza y funcion
arios, de acuerdo con grupos de edad y
género.
Una empresa estatal dejó de remunerar a su personal por función y ninguna de ellas
tuvo casos de discriminación registrados en 2019. Dos empresas estatales continuaron
realizando operaciones con proveedores qu
e amenazaban la libertad de asociación colectiva.
Una empresa estatal siguió realizando operaciones con proveedores que presentaban un riesgo
significativo de promover el trabajo infantil, forzado y obligatorio; y otra empresa estatal siguió
tomando medida
s para erradicar y eliminar este tipo de trabajo.
Una empresa estatal dejó de ofrecer capacitación al personal de seguridad sobre
políticas y procedimientos de derechos humanos, y ninguna empresa estatal presentó casos
registrados de violaciones de derecho
s de los pueblos indígenas en 2019. Una empresa estatal
dejó de ofrecer capacitaciones sobre políticas y procedimientos de derechos humanos a
funcionarios, además del personal de seguridad; y una pasó a someter sus acuerdos y contratos
de inversión a la ev
aluación de esos derechos.
Trece empresas estatales permanecieron efectuando operaciones y dispusieron de
programas de desarrollo con la comunidad local, evaluando sus impactos; y una pasó a informar
haber desempeñado operaciones con impactos negativos en
la comunidad local en 2019.
Diecisiete empresas estatales permanecieron utilizando criterios sociales para contratar
proveedores, y entre ellas, dos pasaron a evaluar los impactos sociales de sus proveedores.
Ninguna empresa estatal hizo contribuciones a p
artidos o representantes políticos en 2019.
Catorce empresas estatales permanecieron evaluando los impactos de sus productos y
servicios en la salud de sus clientes, y una de ellas dejó de pagar multas o sufrir sanciones por
causar impactos negativos deriv
ados de incumplimientos. Tres empresas estatales
image/svg+xml
90
permanecieron evaluando el impacto ambiental y social del etiquetado de sus productos; y
ninguna de ellas informó haber pagado multa o sufrido penalidades derivadas de
incumplimientos en el etiquetado o en l
as comunicaciones de su departamento de
marketing
.
Una empresa estatal siguió señalando la demanda derivada de la filtración o pérdida de
datos de sus clientes en 2019. Dos empresas estatales dejaron de pagar multas derivadas de
violaciones de leyes y regl
amentos en los campos sociales y económicos ese año. Cuatro
empresas estatales dejaron de detallar el contexto en el que pagaron multas, y tres pasaron a
presentar mecanismos para solucionar conflictos de incumplimientos socioeconómicos.
Además de las mult
as, seis dejaron de sufrir sanciones por estos incumplimientos.
El promedio de las directrices sociales GRI 400 (2016) atendidas fue de 20 directrices,
con seis atendidas en 2017; y siete en 2018 y 2019. Estos resultados revelaron un bajo
desempeño social
entre las empresas estatales, como pilar del desempeño sostenible
corporativo, a pesar del promedio. La alta variación entre las cantidades y los tipos de
directrices atendidas entre los años evidencia la actuación ceremonial de la gobernanza, al
revelar l
a distancia existente entre sus prácticas ejecutadas y el bajo desempeño social
alcanzado por las empresas estatales.
En comparación con el desempeño económico, el desempeño social alcanzado por las
empresas estatales fue un poco mejor, pero peor en
comparación al ambiental, incluso con un
fuerte aumento de directrices sociales ejecutadas en 2018; seguido de una ligera reducción en
2019. Estos resultados evidencian una percepción sesgada de la gobernanza, debido a la
disparidad entre las prácticas soc
iales ejecutadas y divulgadas; y el intento de parecer
socialmente responsables.
La directriz más atendida por las empresas estatales fueron las capacitaciones realizadas
para actualizar las habilidades de los funcionarios. Las decisiones normativas del TC
U que
obligan a las empresas estatales a efectuar ese tipo de práctica, sustentan la acción derivada del
normativismo por la gobernanza. La influencia del normativismo siguió estableciendo una
línea divisoria de conducta en las empresas estatales, en que l
as directrices sociales con
ejecución establecida por decisiones normativas fueron más atendidas que las directrices que
podrían ser ejecutadas en carácter voluntario.
La percepción de la sostenibilidad como normativismo o “ceremonialismo” para la
reducció
n de costos por la gobernanza fue percibida mediante actuación de las gobernanzas vía
pilar social y por los aspectos de la no racionalidad identificada en él “pasar a atender” o “dejar
de atender” determinadas directrices en 2018 y 2019. Aparte de la form
ación para mejorar las
habilidades de los funcionarios, la directriz social más atendida trató de la remuneración de los
miembros de la gobernanza y empleados por categoría funcional, con una desviación media de
17 directrices atendidas entre las empresas
estatales.
Estos resultados confirman la acción de la normatividad y el ceremonialismo en la
actuación de las gobernanzas vía desempeño sostenible. Las directrices más atendidas y con
mayor desviación pueden ser utilizadas por las empresas estatales como f
orma de presentarse
socialmente más responsables, además de los pilares económico y ambiental. Además, la baja
atención a las directrices sociales muestra que las gobernanzas poseen mayor interés en cultivar
la eficiencia en la reducción de los costos de s
u personal, a partir de las capacitaciones para
mejorar sus habilidades y remuneración proporcional a sus funciones.
Consideraciones Finales
La sostenibilidad corporativa podría percibirse como normativismo y
“ceremonialismo
” para la reducción de costos en su mayor parte. Por medio de esta
investigación se descubrió que la gobernanza de las empresas estatales en su amplitud no posee
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91
una percepción gerencial acerca de la sostenibilidad corporativa, solo cuando pasan por
fiscal
ización, lo que las llevó a ejecutar las directrices de los pilares económico, ambiental y
social, vía estándares 200, 300 y 400, por fuerza de leyes o normas que obliguen tales
ejecuciones.
Esto se comprobó
por la forma en que la gobernanza de las empresa
s estatales se
presentó cuando sus divulgaciones fueron analizadas en empresas públicas y sociedades de
economía mixta. En ninguna de ellas la gobernanza mostró una percepción completa acerca de
la sustentabilidad
–
tal integridad, siendo entendida como aq
uella resultante de la atención a
todas las directrices de los pilares económico, ambiental y social, concomitantemente.
La gobernanza de las empresas estatales se mostró más receptiva por ejecutar un buen
número de prácticas de gobernanza, pero a medida q
ue la investigación avanzó, fue constatado
un bajo volumen de directrices económicas, ambientales y sociales divulgadas. Ese resultado
causó ruptura en el entendimiento de que cuantas más prácticas de gobernanza son ejecutadas
por las organizaciones, mejor
es su percepción sobre la sostenibilidad corporativa, teniendo en
vista la divulgación, reflejar la manera como las acciones de la gobernanza son ejecutadas por
la gobernanza en esas empresas.
El estudio corroboró que muchas de las prácticas de gobernanza
y de las directrices del
GRI fueron atendidas simplemente por exigencia de las normas. La prueba de ello fueron las
bajas conexiones entre los órganos internos de control y las directrices del Estándar Global,
como en el caso de los consejos de administra
ción, las auditorías internas y los consejos
fiscales.
Para la gobernanza de las empresas estatales, presentar que las directrices de los pilares
económico, ambiental y social estaban siendo cumplidas fue una forma de presentarse más
eficientes. Las direct
rices ambientales fueron las menos cumplidas, a pesar de que muchas de
las empresas estatales desempeñaron un uso racional del agua, un consumo eficiente de la
energía, la gestión de residuos y la colecta selectiva solidaria.
La gobernanza de las empresas
estatales tampoco se presentó socialmente
responsables, a pesar de que sus índices sociales
presentaron mejores desempeños que los ambientales. Las empresas estatales resumieron el
pilar social al ofrecimiento de capacitaciones para sus funcionarios.
Como
limitaciones de la investigación, se identificó la falta de estandarización y de
cumplimiento de la información presentada en los informes de gestión, en lo que se refiere a la
estandarización de la estructura y del contenido divulgado por las unidades de
gobernanza de
las empresas estatales, aunque exigidas por el TCU, por ejemplo; además de las diferentes
actuaciones de esas unidades entre esas empresas, también influenciadas por sus respectivos
tamaños y naturaleza de las actividades. Otra limitación es
que se disponía de pocos informes
de sostenibilidad entre los años, lo que llevó al estudio a centrarse solo en el trienio 2017
-
2019.
Para investigaciones futuras, se recomienda un análisis comparativo entre los informes
de gestión con los informes de sost
enibilidad de las empresas estatales, para que se constate
eventuales cambios en la percepción de la sostenibilidad corporativa por los agentes a partir
del contenido divulgado en informes de la sostenibilidad corporativa propiamente dichos; y
evidentement
e en un mayor alcance. En consecuencia, se sugiere también el aumento de la
participación de las empresas en el estudio.
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TCU 63, de 1º de setembro de
2010.
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63, de 1º de setembro de
2010
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